Para el Cuerpo de Tramitación Procesal, la Constitución de 1978 no es solo teoría: sus derechos fundamentales se traducen en trámites concretos que el funcionario maneja a diario en la oficina judicial (citaciones, plazos, derecho a la defensa, asistencia de letrado). El Título I ("De los derechos y deberes fundamentales", arts. 10-55) se abre con el art. 10.1, que consagra la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social, y con el art. 10.2, que ordena interpretar los derechos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España.
El núcleo de máxima protección son los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15-29), junto con la igualdad ante la ley (art. 14). Conviene retener los que con más frecuencia afectan a la tramitación:
Las garantías de estos derechos se gradúan en el art. 53 CE. El art. 53.1 dispone que los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley que respete su contenido esencial. El art. 53.2 reserva la tutela reforzada al art. 14 y a la Sección 1.ª (más la objeción de conciencia del art. 30.2): un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El art. 53.3 limita los principios rectores del Capítulo III a su alegación ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen. Las garantías se sistematizan en normativas (aplicación directa, reserva de ley orgánica del art. 81, contenido esencial), jurisdiccionales (procedimiento preferente y sumario, amparo y habeas corpus del art. 17.4) e institucionales (el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal).
El art. 55 CE regula la suspensión de derechos: con carácter general (art. 55.1) durante los estados de excepción o de sitio, y de forma individual (art. 55.2), siempre con intervención judicial y control parlamentario, en investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas. Conviene recordar que esta suspensión nunca opera de forma automática en la oficina: requiere resolución judicial habilitante.
En el plano de la tramitación de garantías, el recurso de amparo protege los derechos de los arts. 14 a 29 y la objeción de conciencia (art. 41 LOTC), con plazos que el funcionario debe controlar: tres meses en el amparo parlamentario (art. 42), veinte días frente al Gobierno y la Administración previo agotamiento de la vía judicial (art. 43) y treinta días frente a actos judiciales (art. 44). Están legitimados la persona afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 46), y la demanda debe justificar la especial trascendencia constitucional (LO 6/2007).
Por último, el Defensor del Pueblo (art. 54 CE; LO 3/1981) es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I. Tramita quejas presentadas por escrito en el plazo de un año, de forma gratuita y sin necesidad de abogado ni procurador, pero no puede modificar ni anular actos de la Administración. Si la queja afecta al funcionamiento de la Administración de Justicia, debe dirigirla al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial (art. 13 LO 3/1981), dato esencial para reconducir reclamaciones ciudadanas que lleguen a la oficina judicial.
1. Según el art. 15 CE, ¿qué derecho reconoce expresamente este precepto a todas las personas?
El art. 15 CE reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; queda abolida la pena de muerte, salvo lo dispuesto por las leyes penales militares en tiempo de guerra.
2. El art. 17 CE prevé un procedimiento que la ley regulará para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. ¿Cómo se denomina?
El art. 17.4 CE establece que la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Constituye una garantía jurisdiccional de la libertad.
3. El tramitador prepara un oficio para una diligencia de entrada y registro en un domicilio. Según el art. 18 CE, salvo flagrante delito, ¿qué se exige para la entrada o registro sin consentimiento del titular?
El art. 18.2 CE declara inviolable el domicilio: ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
4. Se tramita la intervención de las comunicaciones de un investigado. Conforme al art. 18.3 CE, el secreto de las comunicaciones se garantiza salvo:
El art. 18.3 CE garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
5. El art. 24.1 CE reconoce a todas las personas el derecho a obtener, sin que pueda producirse indefensión, la:
El art. 24.1 CE reconoce el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
6. ¿Cuál de los siguientes derechos NO está incluido entre las garantías del art. 24.2 CE?
El art. 24.2 CE reconoce el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías y a la presunción de inocencia. La inviolabilidad del domicilio pertenece al art. 18.2 CE.
7. El art. 14 CE consagra la igualdad ante la ley. Respecto a su protección, ¿qué es correcto?
El art. 14 CE encabeza el Capítulo II pero queda fuera de la Sección 1.ª (que empieza en el art. 15); aun así está protegido por el recurso de amparo conforme al art. 53.2 CE, que cita expresamente el art. 14 junto con la Sección 1.ª.
8. Se presenta en el registro un escrito relativo a una manifestación en lugar de tránsito público. Conforme al art. 21 CE, para este tipo de reuniones se exige:
El art. 21 CE reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas sin necesidad de autorización previa; las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones requieren comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
9. Se tramita un procedimiento sobre una asociación cuya disolución se solicita. Conforme al art. 22 CE, las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de:
El art. 22 CE establece que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Son ilegales las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, y se prohíben las secretas y las paramilitares.
10. Conforme al art. 16 CE, sobre la libertad ideológica, religiosa y de culto, es correcto que:
El art. 16 CE garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y comunidades, sin más limitación que el orden público protegido por la ley; nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y ninguna confesión tendrá carácter estatal.
11. Respecto a las libertades del art. 20 CE (expresión e información), señala la afirmación correcta:
El art. 20 CE reconoce las libertades de expresión e información y establece expresamente que no puede existir censura previa. Su límite está en el respeto a los derechos del Título I y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia.
12. Un ciudadano quiere recabar la tutela de un derecho del art. 14 y la Sección 1.ª ante los tribunales ordinarios. Conforme al art. 53.2 CE, ese procedimiento se basa en los principios de:
El art. 53.2 CE permite recabar la tutela de las libertades del art. 14 y la Sección 1.ª del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
13. Según el art. 53.1 CE, la ley que regule el ejercicio de los derechos del Capítulo II del Título I deberá en todo caso respetar:
El art. 53.1 CE dispone que los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y que solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio, tutelándose conforme al art. 161.1.b).
14. Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52). Según el art. 53.3 CE, ante los tribunales pueden:
El art. 53.3 CE establece que el reconocimiento, respeto y protección de los principios del Capítulo III informará la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
15. El art. 55.2 CE permite la suspensión individual de ciertos derechos en relación con investigaciones de bandas armadas o terroristas. ¿Qué requisitos exige el precepto?
El art. 55.2 CE permite que una ley orgánica determine la forma y casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos de los arts. 17.2 y 18.2 y 18.3 puedan suspenderse para personas determinadas en investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas.
16. Conforme al art. 55.1 CE, la suspensión general de los derechos enumerados en él procede cuando se acuerde la declaración de:
El art. 55.1 CE permite suspender los derechos de los arts. 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d), 20.5, 21, 28.2 y 37.2 cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, con excepción del art. 17.3 en caso de estado de excepción.
17. Según el art. 54 CE, el Defensor del Pueblo es:
El art. 54 CE define al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, pudiendo supervisar la actividad de la Administración y dando cuenta a las Cortes Generales.
18. Conforme a los arts. 2 y 3 de la LO 3/1981, el mandato del Defensor del Pueblo dura:
Los arts. 2 y 3 de la LO 3/1981 establecen que el Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para un mandato de cinco años; resulta designado quien obtenga la votación favorable de las tres quintas partes del Congreso y sea ratificado por igual mayoría del Senado.
19. Según el art. 8 de la LO 3/1981, el Defensor del Pueblo estará auxiliado por:
El art. 8 de la LO 3/1981 dispone que el Defensor del Pueblo estará auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en quienes podrá delegar funciones y que le sustituirán por su orden.
20. Un ciudadano acude a la oficina judicial preguntando cómo presentar una queja ante el Defensor del Pueblo. Conforme al art. 15 de la LO 3/1981, ¿en qué plazo máximo debe presentarse desde que se conocieron los hechos?
El art. 15 de la LO 3/1981 establece que la queja se presenta por escrito, firmada, con los datos del interesado, en el plazo máximo de un año contado a partir del momento en que se tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.
21. Conforme al art. 17 de la LO 3/1981, la actuación del Defensor del Pueblo ante una queja:
El art. 17 de la LO 3/1981 establece que la actuación del Defensor del Pueblo es gratuita para el interesado y no requiere la asistencia de letrado ni de procurador; puede dirigirse a él toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
22. Se recibe una queja dirigida al Defensor del Pueblo que se refiere al funcionamiento de la Administración de Justicia. Conforme al art. 13 de la LO 3/1981, ¿qué procede?
El art. 13 de la LO 3/1981 establece que, cuando la queja se refiera al funcionamiento de la Administración de Justicia, el Defensor del Pueblo deberá dirigirla al Ministerio Fiscal para que investigue y adopte medidas, o bien dar traslado al Consejo General del Poder Judicial; no puede modificar ni anular actos o resoluciones de la Administración.
23. El Defensor del Pueblo formula a una autoridad administrativa una recomendación. Conforme al art. 30 de la LO 3/1981, ¿en qué plazo debe responder por escrito la autoridad?
El art. 30 de la LO 3/1981 establece que el Defensor del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias, y que la autoridad o funcionario deberá responder por escrito en el plazo de un mes.
24. Conforme al art. 29 de la LO 3/1981, el Defensor del Pueblo está legitimado para interponer:
El art. 29 de la LO 3/1981 reconoce al Defensor del Pueblo legitimación para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo con la Constitución y la LO 2/1979 del Tribunal Constitucional (art. 162.1 CE).
25. Según el art. 32 de la LO 3/1981, el Defensor del Pueblo da cuenta de su gestión a las Cortes Generales mediante un informe que presenta:
El art. 32 de la LO 3/1981 dispone que el Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada mediante un informe que presentará cuando se hallen reunidas en período ordinario de sesiones; podrá presentar informes extraordinarios en casos de gravedad o urgencia (art. 33).
26. Conforme al art. 6 de la LO 3/1981, durante su mandato el Defensor del Pueblo no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de:
El art. 6 de la LO 3/1981 reconoce al Defensor del Pueblo inviolabilidad (no podrá ser perseguido por las opiniones o actos del cargo) e inmunidad: durante su mandato no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito.
27. Conforme al art. 9 de la LO 3/1981, el Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir cualquier investigación de los actos de la Administración:
El art. 9 de la LO 3/1981 permite al Defensor del Pueblo iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes en relación con los ciudadanos.
28. Conforme al art. 41 de la LO 2/1979 (LOTC), son protegibles en amparo los derechos y libertades reconocidos en los artículos:
El art. 41 de la LOTC establece que son protegibles en amparo los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 de la Constitución, así como la objeción de conciencia del art. 30, frente a violaciones de los poderes públicos.
29. En la oficina judicial se debe orientar el cómputo del plazo para un amparo frente a un acto judicial (art. 44 LOTC). Una vez agotados los recursos, ¿cuál es el plazo desde la notificación de la resolución?
El art. 44 de la LOTC fija en treinta días, desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial, el plazo para interponer el amparo frente a actos judiciales, siempre que se hayan agotado todos los recursos y denunciado formalmente la vulneración.
30. Para un amparo frente a la Administración (art. 43 LOTC), tras agotar la vía judicial procedente, ¿cuál es el plazo de interposición desde la notificación de la resolución del previo proceso judicial?
El art. 43 de la LOTC establece que el amparo frente a violaciones del Gobierno o las Administraciones públicas requiere agotar la vía judicial procedente y se interpone en el plazo de veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
31. Conforme al art. 162.1 CE, para interponer el recurso de amparo están legitimados:
El art. 162.1 CE legitima para el recurso de amparo a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal. La legitimación para el recurso de inconstitucionalidad corresponde a otros sujetos (Presidente del Gobierno, 50 Diputados, etc.).
32. Se interpone un recurso de amparo contra una resolución. Conforme al art. 56 de la LOTC, ¿qué efecto tiene la interposición sobre la ejecución del acto impugnado?
El art. 56 de la LOTC dispone que la interposición del recurso de amparo no suspende los efectos del acto o sentencia impugnados; no obstante, la Sala podrá acordar la suspensión, total o parcial, cuando la ejecución hubiere de ocasionar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad, sin perturbación grave de un interés constitucional o de terceros.
33. El tramitador debe orientar sobre la protección de los derechos de la Sección 2.ª (arts. 30-38 CE). ¿Qué es correcto respecto de su tutela?
Conforme a la clasificación derivada del art. 53 CE, los derechos de la Sección 2.ª (arts. 30-38) vinculan a los poderes públicos y solo pueden regularse por ley que respete su contenido esencial (art. 53.1), pero no tienen acceso al recurso de amparo, reservado al art. 14, la Sección 1.ª y la objeción de conciencia del art. 30.2 (art. 53.2).
34. Según el art. 15 CE, ¿qué pena queda abolida con la única salvedad de lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra?
El art. 15 CE reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral y abole la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
35. En la oficina judicial se recibe la documentación de un detenido. El funcionario verifica los plazos. Conforme al art. 17.2 CE, ¿cuál es el plazo máximo de la detención preventiva tras el cual el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial?
El art. 17.2 CE establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.