Para el Cuerpo de Tramitación Procesal interesa situar cada institución dentro del esquema de poderes que diseña la Constitución, porque de ellas emanan las normas que después se aplican en los procedimientos (leyes, decretos, estatutos, reglamentos comunitarios). Conviene dominar quién elabora, aprueba, sanciona y promulga cada norma, y qué órgano la controla. Las referencias básicas son el Título II (la Corona, arts. 56-65 CE), el Título III (Cortes Generales), el Título IV (Gobierno) y el Título VIII (organización territorial, arts. 137-158 CE).
El art. 56 CE define al Rey como Jefe del Estado; su persona es inviolable y sus actos carecen de validez sin refrendo (art. 64). En clave operativa, lo decisivo es que corresponde al Rey sancionar y promulgar las leyes [art. 62.a)] y expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros [art. 62.f)], pasos que cierran la producción normativa antes de su publicación. Retener además:
Las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado; son bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado, este último de representación territorial). Aprueban las leyes que rigen la tramitación procesal y autorizan, por ley orgánica, los Estatutos de Autonomía y la alteración de límites provinciales (art. 141.1). El Gobierno (Título IV) dirige la política y ejerce la potestad reglamentaria: del Consejo de Ministros emanan los reales decretos que desarrollan las leyes y que después se invocan en los expedientes. El Rey nombra y separa a los miembros del Gobierno a propuesta del Presidente [art. 62.e)].
El art. 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía de gestión. El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada Comunidad y se aprueba y reforma por ley orgánica (art. 147). El reparto de competencias es esencial para saber qué Administración tramita cada asunto:
La integración de España en la Unión Europea se sustenta en el art. 93 CE, que permite ceder a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución mediante ley orgánica. El Derecho de la Unión despliega dos efectos que afectan directamente al trabajo procesal: los reglamentos son de aplicación directa y obligatoria en todos los Estados sin necesidad de transposición, mientras que las directivas obligan en cuanto al resultado y requieren transposición al Derecho interno. Rigen los principios de primacía y efecto directo, de modo que la norma europea prevalece sobre la interna incompatible. En el ámbito de la cooperación judicial, instrumentos como las notificaciones y la obtención de pruebas transfronterizas se canalizan por reglamentos europeos que el funcionario debe identificar y aplicar.
1. Conforme al art. 56.1 CE, ¿qué condición ostenta el Rey en la organización del Estado?
El art. 56.1 CE establece que el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.
2. En la oficina judicial llega para su tramitación un documento que requiere consignar el título oficial del Jefe del Estado. ¿Qué título debe hacerse constar según el art. 56.2 CE?
El art. 56.2 CE dispone que el título del Rey es el de 'Rey de España' y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.
3. Se recibe en la oficina un acto del Rey carente de refrendo, fuera de los supuestos exentos. Conforme al art. 56.3 CE, ¿qué efecto tiene la falta de refrendo a efectos de su tramitación?
El art. 56.3 CE establece que los actos del Rey estarán siempre refrendados en la forma del art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2.
4. ¿Qué artículos de la Constitución comprende el Título II 'De la Corona'?
El Título II de la CE ('De la Corona') comprende los artículos 56 a 65.
5. Según el orden de sucesión del art. 57.1 CE, dentro de la misma línea y mismo grado, ¿qué criterio prevalece?
El art. 57.1 CE establece que en el mismo grado se prefiere el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
6. Al tramitar el llamamiento sucesorio se constata que se han extinguido todas las líneas llamadas en Derecho a la Corona. Conforme al art. 57.3 CE, ¿qué órgano provee a la sucesión?
El art. 57.3 CE establece que, extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
7. Según el art. 57.5 CE, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho en el orden de sucesión, ¿mediante qué norma se resuelven?
El art. 57.5 CE establece que las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión se resolverán por una ley orgánica (así se hizo con la LO 3/2014 para la abdicación de Don Juan Carlos I).
8. Se tramita un asunto en que el Rey es menor de edad. Conforme al art. 59.1 CE, ¿quién entra a ejercer inmediatamente la Regencia durante la minoría de edad?
El art. 59.1 CE establece que cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder entrará a ejercer inmediatamente la Regencia durante el tiempo de la minoría de edad.
9. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, según el art. 59.3 CE, ¿por quién será nombrada y de cuántas personas podrá componerse?
El art. 59.3 CE dispone que si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de una, tres o cinco personas.
10. Según el art. 60.2 CE, ¿en qué personas pueden acumularse los cargos de Regente y de tutor del Rey?
El art. 60.2 CE establece que no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
11. Conforme al art. 61.1 CE, al ser proclamado ante las Cortes Generales, el Rey presta juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de:
El art. 61.1 CE establece que el Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
12. En la tramitación de una ley aprobada por las Cortes, ¿a quién corresponde sancionarla y promulgarla conforme al art. 62.a) CE?
El art. 62.a) CE atribuye al Rey la función de sancionar y promulgar las leyes.
13. Conforme al art. 62.i) CE, el Rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar:
El art. 62.i) CE establece que corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
14. Según el art. 63.3 CE, ¿qué requisito previo necesita el Rey para declarar la guerra y hacer la paz?
El art. 63.3 CE dispone que al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
15. En la tramitación del nombramiento del Presidente del Gobierno y de la disolución prevista en el art. 99 CE, ¿quién debe refrendar dichos actos según el art. 64.1 CE?
El art. 64.1 CE establece que la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el art. 99 serán refrendados por el Presidente del Congreso de los Diputados.
16. Conforme al art. 64.2 CE, ¿quién responde de los actos del Rey?
El art. 64.2 CE establece que de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden, en coherencia con la inviolabilidad regia del art. 56.3 CE.
17. Según el art. 137 CE, ¿en qué entidades se organiza territorialmente el Estado?
El art. 137 CE establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
18. ¿Qué artículos comprende el Título VIII de la CE 'De la Organización Territorial del Estado'?
El Título VIII de la CE comprende los artículos 137 a 158, estructurado en principios generales, Administración Local y Comunidades Autónomas.
19. Se tramita en la oficina judicial un expediente que afecta a los límites de dos provincias colindantes. ¿Mediante qué instrumento debe aprobarse cualquier alteración de los límites provinciales según el art. 141.1 CE?
El art. 141.1 CE dispone que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
20. En la tramitación de un expediente electoral municipal, conviene recordar que, conforme al art. 140 CE, los Concejales son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio:
El art. 140 CE establece que los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.
21. Según el art. 145.1 CE, en relación con las Comunidades Autónomas:
El art. 145.1 CE establece que en ningún caso se admite la federación de Comunidades Autónomas.
22. En la tramitación de un proceso autonómico por la vía ordinaria del art. 143 CE, ¿qué iniciativa municipal se exige según el art. 143.2 CE?
El art. 143.2 CE exige que la iniciativa corresponda a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
23. Al verificar el contenido mínimo de un Estatuto de Autonomía durante una tramitación, ¿cuál de los siguientes debe contener obligatoriamente conforme al art. 147.2 CE?
El art. 147.2 CE establece que los Estatutos deberán contener la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, y las competencias asumidas dentro del marco constitucional.
24. Se tramita la reforma del Estatuto de una Comunidad Autónoma. Conforme al art. 147.3 CE, además del procedimiento estatutario, ¿qué se requiere en todo caso?
El art. 147.3 CE establece que la reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento en ellos establecido y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
25. Al tramitar un asunto se plantea duda sobre la competencia en una materia que ni el Estado tiene atribuida expresamente ni la Comunidad ha asumido en su Estatuto. Según la cláusula residual del art. 149.3 CE, ¿a quién corresponde?
El art. 149.3 CE establece la cláusula residual: las materias no atribuidas expresamente al Estado pueden corresponder a las CCAA según sus Estatutos, pero la competencia sobre las materias no asumidas por los Estatutos corresponderá al Estado.
26. Conforme al art. 149.1 CE, ¿cuál de las siguientes es materia de competencia exclusiva del Estado?
El art. 149.1 CE enumera las materias de competencia exclusiva del Estado, entre ellas la Administración de Justicia. Las demás opciones figuran en el art. 148.1 CE como materias asumibles por las CCAA.
27. Según el art. 148.2 CE, ¿transcurrido qué plazo pueden las Comunidades Autónomas ampliar sucesivamente sus competencias mediante la reforma de sus Estatutos, dentro del marco del art. 149?
El art. 148.2 CE dispone que, transcurridos cinco años y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del art. 149.
28. Al tramitar documentación dirigida al máximo representante de una Comunidad Autónoma, conviene recordar que, conforme al art. 152.1 CE, el Presidente de la Comunidad Autónoma es nombrado por:
El art. 152.1 CE dispone que el Presidente de la Comunidad Autónoma es elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, dirigiendo el Consejo de Gobierno.
29. En la tramitación de recursos en el ámbito de una Comunidad Autónoma, ¿qué órgano judicial culmina la organización judicial en su ámbito territorial, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo, según el art. 152.1 CE?
El art. 152.1 CE establece que un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
30. Conforme al art. 155.1 CE, para adoptar las medidas de coerción estatal frente a una Comunidad que incumple gravemente sus obligaciones, tras el requerimiento al Presidente de la Comunidad no atendido, el Gobierno necesita:
El art. 155.1 CE exige que, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y de no ser atendido, el Gobierno cuente con la aprobación por mayoría absoluta del Senado para adoptar las medidas necesarias.
31. Según el art. 154 CE, ¿qué figura dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma?
El art. 154 CE dispone que un Delegado del Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
32. Según el art. 156.1 CE, las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera con arreglo a los principios de:
El art. 156.1 CE establece que las CCAA gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
33. Supuesto: debe identificar quién refrenda, con carácter general, los actos del Rey. Conforme al art. 64.1 CE, el refrendo ordinario corresponde a:
Según el art. 64.1 CE, los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. Solo la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99 las refrenda el Presidente del Congreso.
34. Conforme al art. 59.4 CE, para ejercer la Regencia es preciso:
El art. 59.4 CE exige, para ejercer la Regencia, ser español y mayor de edad. No exige ser español de nacimiento (requisito que sí se prevé para el tutor en el art. 60.1 CE).
35. Conforme al art. 62.d) CE, ¿qué corresponde al Rey en relación con el Presidente del Gobierno?
El art. 62.d) CE atribuye al Rey proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones, en los términos previstos en la Constitución (art. 99 CE).